El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó un decreto ejecutivo titulado «Promoviendo la Innovación y Seguridad en Inteligencia Artificial Avanzada», que solicita a las compañías desarrolladoras compartir sus modelos frontera con el gobierno federal hasta 30 días antes de su lanzamiento público, con el objetivo de evaluar sus capacidades en materia de ciberseguridad.
La medida crea un marco voluntario —no obligatorio— para que las empresas colaboren con agencias como la NSA y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) en la revisión de sistemas con capacidades avanzadas de ataque o defensa cibernética. El decreto también instruye al Departamento de Justicia a priorizar la persecución de delitos en los que se utilicen herramientas de IA para cometer fraudes informáticos, robo de datos u otras actividades ilegales.
Empresas como Anthropic respondieron positivamente, señalando que la iniciativa representa un paso relevante en el fortalecimiento del liderazgo de Estados Unidos en IA. Los críticos, sin embargo, advierten que un esquema que depende de la decisión voluntaria de las propias compañías no constituye una supervisión real.
La tensión de fondo que el decreto no resuelve es estructural: alrededor del 80% del poder de cómputo global de IA está en manos privadas, y la mayoría de los investigadores capaces de evaluar modelos de frontera trabajan para los mismos laboratorios que los construyen.
