Trece balas impactaron contra la puerta de entrada principal de la casa de Ron Gibson, concejal de la ciudad de Indianápolis, en las primeras horas del último lunes. Junto a los casquillos, alguien dejó una nota con una frase contundente: “No a los centros de datos”.
El ataque se produjo menos de una semana después de que Gibson apoyara públicamente un proyecto de construcción de un centro de datos valuado en 500 millones de dólares en su distrito. Él y su hijo de ocho años estaban en la casa cuando se produjeron los disparos, que ocurrieron alrededor de las 0:45 de la madrugada. Ninguno resultó herido, aunque las balas impactaron a pocos pasos de la mesa del comedor donde el menor había jugado con Legos horas antes.
“Esto no fue solo un ataque contra mi hogar, sino que puso en peligro a mi hijo y alteró la seguridad de todo nuestro vecindario”, expresó Gibson, quien subrayó que la violencia nunca puede ser la respuesta, incluso cuando hay desacuerdos profundos en materia de política pública.
El proyecto que desató la polémica
La empresa californiana Metrobloks quiere construir un complejo de dos grandes edificios, playa de estacionamiento, generadores de respaldo y sistemas de refrigeración en un terreno de casi 14 hectáreas en el barrio de Martindale-Brightwood, en el sector noreste de Indianápolis, donde funcionaba un antiguo autocine.
La Comisión Metropolitana de Desarrollo aprobó por mayoría la rezonificación necesaria para avanzar con la obra. Gibson defendió la decisión con un argumento económico: el terreno llevaba años sin uso productivo y el proyecto podría crear alrededor de 300 empleos en tres años, además de generar ingresos tributarios a largo plazo para infraestructura, vivienda y servicios esenciales.
Sin embargo, su respaldo fue recibido con abucheos, y la mayoría de los presentes en la audiencia de la comisión se opusieron al proyecto. En redes sociales, un comentarista lo llamó directamente “un vendido”.
Condena unánime, investigación abierta
La presidenta del consejo municipal, Maggie Lewis, señaló que todos los concejales están “profundamente perturbados y consternados” por lo ocurrido, y remarcó que las diferencias de opinión son parte de la vida cívica, pero la violencia y la intimidación no lo son. El alcalde Joe Hogsett prometió desplegar todos los recursos disponibles para identificar a los responsables y reiteró que ningún funcionario ni ciudadano debería temer por su seguridad a causa de sus posturas políticas.
La Policía Metropolitana de Indianápolis y el FBI investigan el hecho, calificado como un “incidente dirigido y aislado”. Hasta el momento no hay detenidos.
Incluso el grupo Protect Martindale-Brightwood, que lidera la oposición vecinal al proyecto, se desmarcó del ataque: “La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad ni en nuestra militancia. Nuestra oposición al centro de datos se basa en preocupaciones legítimas: la voz de la comunidad, el impacto ambiental y la estabilidad del barrio”, señaló la organización en un comunicado.
Un fenómeno que se expande
El tiroteo en Indianápolis no es un episodio aislado. A lo largo de Estados Unidos, grupos comunitarios en zonas donde se construyen grandes centros de datos han organizado campañas para detener las obras, alegando ruido, degradación ambiental y preocupación por el aumento de las tarifas eléctricas. El monitoreo en línea del Centro Soufan detectó en los últimos meses una proliferación de amenazas de sabotaje físico contra esta infraestructura.
Según la investigadora Jordyn Abrams, del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington, los centros de datos se han convertido en blanco de extremistas motivados por narrativas antitecnológicas, antigubernamentales y proambientales. Esta oposición no responde a una ideología homogénea: en los llamados a la acción violenta suele haber superposición con el aceleracionismo, el ecoextremismo y agravios personales.
El trasfondo social también importa: encuestas recientes indican que apenas el 26% de los estadounidenses tiene una visión favorable de la inteligencia artificial, mientras que el 46% sostiene una opinión negativa. Según datos de Gallup, el 61% de los norteamericanos cree que la IA destruirá más empleos de los que creará, y el 57% considera que los riesgos sociales de la tecnología son altos.
El precio político de apoyar la IA
El caso Gibson ilustra la creciente tensión que enfrentan los funcionarios electos cuando deben decidir sobre proyectos de infraestructura digital en sus comunidades. La industria avanza a ritmo acelerado para satisfacer la demanda creciente de infraestructura digital, pero esa expansión choca con resistencias cada vez más intensas a nivel local.
La administración Trump ha impulsado activamente la construcción de centros de datos como parte de su plan de acción en materia de IA, con el objetivo de facilitar los permisos para su edificación. Esa política podría volver obsoleta la oposición vecinal, pero también podría agudizar la bronca de las comunidades afectadas.
Gibson, mientras tanto, no da marcha atrás. Según informó Axios, el concejal mantiene su apoyo al proyecto de Metrobloks, y el expediente deberá llegar al pleno del consejo municipal para su votación definitiva. La nota con trece agujeros de bala en su puerta de entrada es, por ahora, el más brutal de los argumentos en contra.
